Izquierda Unida reclamó hoy en la Junta General una solución para las trabajadoras despedidas en el comedor del Colegio de La Canal, en Luanco, y alertó de la situación “caótica” por la que atraviesan otros centros de Asturias. Representantes de las trabajadoras reprocharon, al fin de la intervención del Consejero de Educación, Genaro Alonso -que respondía a una pregunta sobre la cuestión de IU-, la falta de compromiso de la Administración regional, al haberse desentendido de la plantilla. Y es que, después de que la empresa que gestionaba el comedor cesase su actividad, las empleadas que se habían venido subrogando, en algunos casos a lo largo de tres décadas, han quedado en el paro. El concejal de Izquierda Unida en Gozón Isaac Frade explicó al respecto que en el Pleno del Ayuntamiento “ya habíamos pedido al resto de grupos de la Corporación que, aun no siendo competencia municipal, se hicieran eco en sus partidos en la Junta de la situación, interpelando al consejero de Educación”. Todo con un doble objetivo: “Garantizar la apertura del comedor y preservar los derechos de las trabajadoras”.

En la Junta, la diputada Concha Masa calificó de “lamentable” este despido y la solución ofrecida por el Principado, que sólo cubre la atención del comedor -con la participación de los docentes- pero no da alternativa a las trabajadoras despedidas. “El Consejero de Educación no ha tenido mejor solución para atender el comedor escolar que recurrir a los profesores, que ahora son los que realizan este servicio que, hasta diciembre, estaban realizando seis trabajadoras”. Lo más grave, señaló la parlamentaria, es que este caso no es algo aislado sino, añadió, “es la punta del iceberg de una situación de los comedores escolares en los colegios públicos de Asturias, bastante caótica, donde la Consejería nunca ha querido involucrarse de forma directa y subcontrata este tipo de servicios a empresas privadas”.

Cristina García Granda, en representación de las trabajadoras despedidas, mostró su decepción por la posición del Consejero, más porque la solución adoptada supone un incumplimiento de lo que la normativa sobre comedores educativos dicta. “Un profesor sí puede hacer las funciones de vigilancia y atención al alumnado y sus funciones serían siempre educativas, pero la función que están realizando es la de servir las comidas”. Y es que esa operación se enmarcaba como parte del proceso formativo y eran cubiertos, hasta la llegada de la ESO por los escolares de los cursos de la segunda etapa de la EGB. “Ahora, al no haber séptimo y octavo o primero y segundo de
la ESO (ya no se imparten en La Canal), quedó aquí un vacío y lo están haciendo los profesores y no deben”.

García Granda explicó que la orden que regula los comederos ya contempla la posibilidad de que la prestación del servicio quede desierta, de forma que es el propio centro quien podría proceder a la realización del mismo. Por ello, añadió, “como personal afectado y que llevamos algunas más de 30 años, exigimos al Consejero que resuelva esto y seamos readmitidas en el menor tiempo posible”.

El malestar de las trabajadoras llega también porque, según explicaron tanto la dirección del centro como responsables de la Asociación de Padres y Madres, les trasladaron que una de las razones de la compañía para no tener interés en su contratación era por motivo de “conflictividad”, algo que, aseguraron, no tenía ningún tipo de base real, más allá de su exigencia de respeto a las condiciones laborales y salariales toda vez que, aseguraron, ni siquiera cobraban el salario mínimo interprofesional.

Por su parte, la secretaria de Política Municipal de IU Asturias y coordinadora de IU Gozón, Gabriela Álvarez, mostró su respaldo a las peticiones de las trabajadoras, que también habían trasladado al Ayuntamiento Pleno. Álvarez calificó de “desconcertante” la posición de la Consejería de Educación y criticó que se haya tomado una decisión que supone la pérdida de empleo: “ese comedor se debe preservar. Evidentemente es algo muy importante para el municipio de Gozón, pero nunca vulnerando los derechos de las trabajadoras, porque la solución que acababa de adoptar la Consejería acaba con estos puestos de trabajo, algunos de más de 30 años. Creo que no debe lavarse las manos, no debe escudarse en la privatización a través de empresas porque es un servicio que se continúa realizando y que la Consejería, en este caso, tiene una responsabilidad importante”.

En la fotografía, Concha Masa habla, tras la intervención parlamentaria, con Cristina García Granda, en el grupo en el que están otras dos trabajadoras del CP La Canal. A la izquierda, el concejal Isaac Frade y Gabriela Álvarez.

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